EUROCOP
Declaración propia de intenciones:
A medida que cumplo años, más me doy cuenta de la importancia de la sociedad, de sus derechos y de sus libertades. No es que me considere un puro libertario anarquista, ni mucho menos, pero sí un tecnólogo autodidacta preocupado por la falta de conocimiento general en áreas de suma importancia.Sin querer parecer conspiranoico, el objetivo de este artículo es exponer los usos de la tecnología en detrimento de nuestra libertad, los cuales permiten a los entes de control —entre los que se encuentran, por supuesto, nuestros gobiernos— ejercer una mayor asfixia sobre nosotros, dirigiendo nuestro sino como si de un rebaño de ovejas se tratara.
John Fernández
Futurista | Rompiendo las barreras tecnológicas
El software que ficha a los vecinos de media España
Una empresa de San Lorenzo de El Escorial lleva treinta años vendiendo el programa con el que trabajan a diario las policías locales españolas. Se llama EuroCop Security Systems y se define como el referente número uno del sector en España. Su plataforma reúne, según su propio folleto comercial, treinta sistemas y más de trescientos subsistemas.
Palantir tiene un contrato con Defensa. Flock no ha llegado. Axon Fusus, de momento, se limita a pruebas en fiestas patronales. EuroCop lleva desde los años noventa dentro de las comisarías municipales, y no recuerdo haber leído un solo reportaje sobre lo que guarda.
Esta vez cambio de foco, del extranjero recién llegado a lo doméstico de toda la vida. El riesgo mayor lleva dos décadas dentro de las comisarías, acumulando expedientes sin que nadie los mire, mucho antes de que llegara ningún Palantir. Uno de sus módulos, tal y como lo detalla la web de la empresa, encaja con una práctica que el Reglamento europeo de IA prohíbe desde febrero de 2025. Esa es la razón concreta de escribir esto ahora.
Para escribir esto he trabajado con la documentación pública del fabricante, con expedientes de contratación de varios ayuntamientos y autonomías, y con el texto del Reglamento (UE) 2024/1689. Con esa documentación no he podido confirmar todo lo que me habría gustado; lo que queda así se dice sin rodeos en la sección 7, no disimulado en el resto del texto.
Qué es exactamente EuroCop
Define su producto como una plataforma tecnológica policial en entorno Java, pensada para funcionar en modo multiagencia y multientidad. También está disponible como SaaS, con pago por uso. Cuenta con certificación del Esquema Nacional de Seguridad, el marco que fija los requisitos de seguridad para sistemas de la administración pública española.
Para calibrar el alcance real conviene mirar quién lo ha comprado. La Comunidad de Madrid adjudicó en 2011 el Proyecto Apolo por más de 2.300.000 euros. Era un sistema de gestión policial para los cuerpos de Policía Local de la región. El comunicado que EuroCop publicó entonces describe la adjudicación a Atos Origin junto a su socio tecnológico «EuroCop-Primeria Consulting», escrito con guion. No eran tres empresas: en 2011, Primeria Consulting S.L. era el nombre legal con el que operaba EuroCop. En Alicante, la Junta de Gobierno Local encargó en 2022 la plataforma de gestión integral para su Policía Local por 385.280 euros con IVA. Hay contratos documentados en Basauri, Irun, Zarautz, Salamanca, San Miguel de Abona y Castellón, entre otros.
El Registro Mercantil confirma el cambio de nombre, inscrito el 6 de marzo de 2014. La sociedad se había constituido en 2004, veinte años después del origen de 1985. Su web fijó la cifra de «treinta años» en 2015 y no la ha vuelto a actualizar desde entonces. Según datos mercantiles de 2025, la empresa emplea a 12 personas y factura entre 2 y 10 millones de euros al año.
A diferencia de Palantir, Flock o Fusus, EuroCop es el programa con el que un agente municipal redacta el atestado un martes cualquiera.
El catálogo completo
La empresa organiza su oferta en tres bloques: sistemas propios, soluciones integrales y una cátedra universitaria, tal y como los presenta en su propia web.
| Módulo | Qué gestiona | Dato que acumula |
|---|---|---|
| EuroCop ERP | Gestión integral del cuerpo de policía | Expedientes, atestados, denuncias, personal |
| PRED-CRIME | Predicción y prevención del delito | Series históricas de delitos y de delincuentes |
| PRED-TRAFFIC | Predicción de tráfico y siniestralidad | Infracciones, accidentes, flujos de tránsito |
| EuroCop Mobile | Movilidad para el agente en calle | Consultas y actuaciones desde terminal móvil |
| EuroCop Alert | Alertas y alarmas ciudadanas | Avisos entrantes de vecinos |
| Euro-OTD ERP | Gestión de multas y expedientes sancionadores | Sanciones de tráfico, datos del titular |
| SIGEM | Gestión de llamadas de emergencia | Registro de llamadas y despacho |
| EuroCop Traffic | Control de tráfico y seguridad | Matrículas, infracciones, control de accesos |
| Videovigilancia | Sistemas de cámaras integrados | Imágenes de vía pública |
| GPS / AVL | Localización de vehículos y agentes | Posición en tiempo real de la flota |
| Gestión de prisiones | Centros penitenciarios | Internos, régimen, incidencias |
| Gestión de bomberos | Cuerpos de bomberos | Intervenciones, recursos |
| Coordinación de policías | Interoperabilidad entre cuerpos | Datos compartidos entre municipios |
La actualización
La web principal del fabricante, cuyo aviso de copyright sigue firmado en 2015, describe el catálogo tal y como aparece en la tabla anterior. Pero la empresa no está inactiva en otros canales. En enero de 2026, un publirreportaje del diario sectorial SeguCITY Digital anunció que «el prestigioso aplicativo de gestión Eurocop Cube ya ha evolucionado a EuroCop NexGen IA». La nueva versión incorpora consultas en lenguaje natural contra la base de datos, la legislación y los protocolos de actuación policial.
Cuatro meses después, en mayo de 2026, la empresa presentó EuroCop Assistant IA. Es un asistente conversacional que responde en tiempo real a dudas legales y de protocolo, y que además redacta de forma automática informes, actas, denuncias y atestados. La misma nota reivindica el cumplimiento del RGPD, la ISO 27001 y el NIS2 para este módulo nuevo.
La compañía sigue añadiendo funciones de inteligencia artificial generativa a un catálogo cuyo módulo de perfilado, según su propia web, no ha cambiado desde 2015.
Además, Cátedra EuroCop, radicada en la Universitat Jaume I de Castellón, tiene entre sus proyectos sistemas de reconocimiento por forma de andar, huellas dactilares, iris, voz, objetos y mano. La empresa presenta la cátedra como iniciativa social propia, pero según reveló El Salto en 2021, la financia la Generalitat Valenciana con unos 17.410 euros anuales a través de la universidad; EuroCop no pone ese dinero.
PRED-CRIME y algunas prohibiciones
La web de EuroCop plantea PRED-CRIME como un sistema de tratamiento de datos masivos sobre delitos y faltas. Se basa en un modelo espacio-temporal con mapas de calor. Emplea algoritmos matemáticos para predecir dónde y cuándo ocurrirán los próximos delitos.
El fabricante distingue tres piezas encadenadas. Un mapa de sensaciones, alimentado por la policía de proximidad y reforzado con encuestas y otros mecanismos de participación ciudadana. Una capa descriptiva, con llamadas, denuncias e infracciones ya registradas en la plataforma. Y un motor estadístico que cruza las dos anteriores con series históricas.
La misma página describe que los algoritmos se basan en el análisis estadístico de series históricas «de delitos y de delincuentes». Que el sistema dispone de expedientes policiales con «criminales reincidentes, comportamientos, datos sociológicos». Y que los datos de robos de una zona «se podrán cotejar con datos e informes relativos al comportamiento y datos sociológicos de los delincuentes que actúan por la zona». También integra redes sociales y bases de datos urbanísticas y sociológicas externas.
Cartografiar puntos calientes y cruzar el perfil sociológico de una persona concreta con su expediente son dos cosas jurídicamente distintas, aunque el fabricante las mezcle en el mismo párrafo.
En 2016, la Policía Local de Rivas-Vaciamadrid, un municipio de 86.000 habitantes, probó PRED-CRIME durante nueve meses y decidió no continuar, según el informe Automating Society 2020 de AlgorithmWatch. Un representante municipal declaró en 2019 que el sistema «necesita seguir desarrollándose para ser realmente eficiente». El mismo informe señala que EuroCop dice tener clientes en decenas de municipios españoles sin precisar cuáles usan el módulo predictivo y cuáles solo el resto del catálogo.
La frontera legal
El artículo 5.1(d) del Reglamento (UE) 2024/1689 prohíbe comercializar o usar un sistema de IA para evaluar el riesgo de que una persona cometa un delito, siempre que esa evaluación se base solo en su perfil o en sus rasgos de personalidad. Y lo prohíbe sin el margen de adaptación que sí tienen otros sistemas de alto riesgo.
Esa prohibición se aplica desde el 2 de febrero de 2025. Las sanciones llegan a 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual. Es el tramo más alto del reglamento.
La prohibición tiene una excepción que salva a muchos sistemas: no se aplica cuando la herramienta solo apoya una evaluación humana ya basada en hechos objetivos y verificables sobre un delito concreto.
El límite entre ambos usos es estrecho, y cruzar denuncias registradas para saber que en una calle concreta hay más robos los viernes por la noche cae del lado permitido. Puntuar a un vecino como probable delincuente futuro porque el sistema ha cruzado su expediente con sus datos sociológicos y su comportamiento cae del lado prohibido.
El resto de la cadena
Euro-OTD gestiona expedientes sancionadores de tráfico, lo que significa titular, vehículo, ubicación y hora de cada multa. EuroCop Traffic añade control de accesos y matrículas. El módulo de videovigilancia integra cámaras de vía pública. GPS/AVL registra la posición continua de vehículos y agentes. SIGEM guarda cada llamada de emergencia recibida.
Todo junto, un ayuntamiento medio guarda en una sola base de datos quién llamó a la policía y por qué, qué vehículo pasó por dónde y qué sanciones acumula cada vecino. Añade a eso qué cámara grabó el momento y qué agente respondió al aviso.
Cada pieza de ese conjunto es legal por separado. Cada fichero tiene su base jurídica en la Ley Orgánica 7/2021, para tratamientos con fines policiales. Los plazos de conservación de imágenes siguen la regla del mes que ya detallé al hablar de IA y seguridad nacional. El asunto está en la suma. La separación entre ficheros es una garantía clásica de protección de datos.
El módulo de coordinación entre policías apenas genera debate público, y es el que permite compartir datos entre municipios distintos: con él, el expediente sale del término municipal donde se generó.
El negocio que cobra por multa
Desde 2015, la UTE EuroCop-EYSA es una de las adjudicatarias del Acuerdo Marco de la Central de Contratación de la FEMP para asistencia técnica en el cobro de sanciones, reformalizado el 25 de noviembre de 2025. Cualquier entidad local adherida a la FEMP puede sumarse directamente mediante lo que la Central llama un «contrato basado», sin abrir su propio concurso.
El modelo de cobro, según la propia web de EuroCop, se financia con «un porcentaje sobre las multas efectivamente cobradas». Es un incentivo económico directo: cuantas más sanciones se cobren, más ingresa la empresa. Otras empresas del mismo Acuerdo Marco comparten ese diseño; no es exclusivo de EuroCop, pero conviene tenerlo presente en un catálogo que ya reúne predicción del delito y control de tráfico bajo el mismo techo.
La dependencia
Con respecto a Basauri, conviene saber lo que el Ayuntamiento usó para justificar el contrato por negociado sin publicidad. Debido a la propiedad del proveedor sobre los productos, los técnicos municipales no pueden hacer ese trabajo. La contratación solo puede realizarse con esa empresa.
En Irun se repitió el mismo procedimiento para renovar la plataforma, alegando razones técnicas que determinan que el contrato solo pueda encomendarse a una única empresa.
El contrato de mayor volumen es, con diferencia, el de Madrid. La Comunidad de Madrid contrató el soporte y mantenimiento del sistema, también por negociado sin publicidad, con un valor estimado de 790.729,84 euros sin impuestos.
El ayuntamiento compra el sistema y, al hacerlo, pierde la capacidad de cambiar de proveedor o de gestionarlo por su cuenta. Lo deja por escrito en un documento público y firmado por él mismo.
Castellón: un contrato anulado por la vía judicial
En 2020, el Ayuntamiento de Castellón le adjudicó 512.000 euros para una plataforma de seguridad financiada con fondos FEDER. La adjudicación se anuló por vía judicial. Un concejal del grupo municipal declaró después que, en su opinión, «todo estaba pensado para acabar contratando siempre a la misma empresa y que la cuantía depositada por el Ayuntamiento fuera la máxima posible», según recogió El Salto. Es una acusación pública de pliegos hechos a medida. No hay, hasta ahora, ninguna sentencia que la respalde.
La Diputación de Alicante: competencia reducida por el Caso Enredadera
En 2018, EuroCop recurrió su exclusión de un concurso de 920.000 euros de la Diputación Provincial de Alicante, distinta del Ayuntamiento de Alicante. Había ofertado un precio que la mesa de contratación consideró anormalmente bajo. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó el recurso. Mientras se resolvía, estalló el Caso Enredadera, la trama de adjudicaciones irregulares que se llevó por delante a Gespol, la principal competidora de EuroCop en varias comunidades autónomas. Para cuando se cerró el litigio, Gespol ya no podía competir por ningún contrato.
Tres de cada cuatro, sin concurso
De los expedientes de contratación con EuroCop que he podido consultar y en los que consta el procedimiento, tres de cada cuatro se adjudicaron por negociado sin publicidad: Basauri, Irun y la Comunidad de Madrid. Es una cifra de elaboración propia, con la reserva de que la muestra es pequeña. El cuarto, Alicante, se adjudicó mediante concurso público con mesa de contratación. Castellón y la Diputación de Alicante no entran en esta cuenta, porque su procedimiento fue distinto a un negociado sin publicidad ordinario.
Cuatro expedientes no permiten extrapolar a un sector entero. Sirven para señalar dónde habría que mirar si alguien con acceso al Registro de Contratos del Sector Público quisiera hacer el recuento completo.
La Comunidad de Madrid fijó un valor estimado de 790.729,84 euros sobre un presupuesto base anual de 188.269,01 euros. Son 4,2 años de contrato previstos de antemano. Según el propio expediente, ningún otro proveedor puede prestar ese servicio.
El expediente en papel tampoco era mejor
Un cuerpo de policía local sin sistema integrado reparte sus registros entre carpetas de papel y hojas de cálculo sueltas, sin control centralizado de quién accede a qué. Eso tampoco protege la privacidad de nadie. Sin EuroCop, lo más probable en un ayuntamiento medio habría sido un fichero peor protegido, sin registro de quién lo consultaba.
La certificación en el Esquema Nacional de Seguridad es real, exigente, y muchos proveedores del sector todavía no la tienen. Y que el sistema sea multientidad permite a municipios pequeños acceder a herramientas que jamás podrían crear solos. En España hay 4.975 municipios con menos de mil habitantes, según el Censo Anual de Población del INE.
Un elemento juega a favor del ciudadano frente al modelo estadounidense. Al ser un proveedor español con datos bajo normativa española, aquí no aparece el problema de la cesión a agencias federales extranjeras. Ese problema ha tumbado decenas de contratos en Estados Unidos, como analicé al estudiar el futuro de la privacidad.
Hay que reconocer que todas esas virtudes son reales. Lo que sigo sin encontrar es una autoridad que examine el módulo de perfilado sociológico en concreto. El Salto y AlgorithmWatch señalaron a la empresa en 2020 y 2021, pero ninguna agencia de protección de datos ni organismo autonómico se ha pronunciado sobre PRED-CRIME desde entonces.
Tres preguntas que yo mismo me haría
No sé si PRED-CRIME está desplegado y activo en algún municipio español, ni con qué configuración. La descripción que he analizado es material comercial de la web del fabricante. Esa página en concreto arrastra señales de estar desactualizada: el aviso de copyright dice 2015 y las noticias más recientes de esa sección son de 2018. Eso no significa que la empresa esté parada. En notas pagadas de 2026 asegura haber incorporado inteligencia artificial generativa a la misma plataforma.
No detalla si el módulo de perfilado sociológico sigue intacto, se ha ampliado o se ha retirado tras la entrada en vigor del reglamento.
Analizo lo que la empresa publica, y eso no tiene por qué coincidir con lo que instala.
Sí he encontrado periodismo independiente, aunque no auditoría regulatoria. El Salto publicó en 2021 una investigación que documentaba más de 100 contratos de EuroCop, y el informe Automating Society 2020 de AlgorithmWatch señaló específicamente su módulo PRED-CRIME. Ninguna de las dos piezas es de 2026, así que ninguna cubre PRED-CRIME bajo el reglamento ya en vigor, ni NexGen IA, ni Assistant IA.
Sigo sin encontrar ninguna resolución de la Agencia Española de Protección de Datos ni de ningún organismo autonómico sobre este sistema en concreto.
Y no existe un recuento público independiente de cuántos municipios usan EuroCop. La empresa se define como líder del mercado. En un contenido patrocinado de El Economista publicado en mayo de 2026 declaró presencia en «más de 600 cuerpos de policía» en España y Latinoamérica. Es la misma cifra redonda que la empresa ya usaba en su propia web en 2015. Es un dato de la propia empresa, en un formato pagado, sin desglose por municipio ni forma de auditarlo. Tampoco publica listado completo de clientes, así que la escala real solo puede reconstruirse contrato a contrato desde los portales de contratación. Cualquier cifra global que alguien te dé, incluida cualquier estimación mía, sería una extrapolación.
Preguntas Frecuentes sobre Eurocop
EuroCop Security Systems es una empresa española, con sede en San Lorenzo de El Escorial, que desarrolla software de gestión para cuerpos policiales. Se define como el referente número uno en sistemas informáticos para Policía Local en España y acumula treinta años de actividad en el sector.
Sus clientes son ayuntamientos y autonomías. Hay contratos documentados con la Comunidad de Madrid, Alicante, Basauri, Irun, Zarautz, Salamanca y Castellón. En contenido patrocinado de 2026, la empresa declaró presencia en más de 600 cuerpos de policía en España y Latinoamérica, la misma cifra que ya aparecía en su web en 2015, sin actualizar desde entonces. Según el Registro Mercantil, hoy opera con doce empleados. La implantación real solo puede rastrearse en expedientes de contratación, uno por uno. Esa opacidad es legal, y complica cualquier intento de medir cuántos españoles tienen hoy su expediente municipal aquí dentro.
Depende de qué módulos tenga contratados cada ayuntamiento. En su núcleo es un ERP de gestión policial, algo bastante más aburrido que las plataformas estadounidenses de vigilancia. Su catálogo incluye trece módulos que van desde la gestión de multas hasta la videovigilancia.
La diferencia importa. Un ERP que registra atestados y una red de cámaras interconectadas son dos cosas distintas. Ahora bien, cuando trece módulos comparten base de datos y catálogo de hechos, la separación entre ficheros desaparece, y esa separación es una garantía clásica del derecho de protección de datos. El resultado se parece poco a la vigilancia masiva estadounidense y bastante más a un expediente municipal muy completo por vecino, un fenómeno mucho menos discutido.
Según el folleto del fabricante, procesa datos masivos de delitos y faltas con modelos espacio-temporales y genera mapas de calor en tres dimensiones con las zonas más propensas al delito. A partir de ahí, propone rutas de patrulla optimizadas para el turno siguiente.
El detalle relevante está en las fuentes que declara usar. La web menciona el análisis de series históricas de delitos y de delincuentes. También expedientes con reincidentes y datos sociológicos. Y el cotejo de robos de una zona con informes sobre el comportamiento de quienes actúan en ella. Predecir dónde ocurrirá un robo es una cosa; cruzar el perfil sociológico de personas concretas es otra bien distinta, y el Reglamento europeo de IA las trata de forma muy diferente.
La predicción basada en lugares está permitida, con condiciones, y desde diciembre de 2027 quedará sujeta a las obligaciones reforzadas que el Reglamento de IA impone a los sistemas policiales. La predicción basada en el perfil de personas concretas está directamente prohibida desde febrero de 2025.
El artículo 5.1(d) del Reglamento (UE) 2024/1689 prohíbe usar IA para evaluar o predecir el riesgo de que una persona física cometa un delito. La prohibición se activa cuando esa evaluación se basa únicamente en su perfil o en sus rasgos de personalidad. Esa prohibición es aplicable desde el 2 de febrero de 2025 y las multas alcanzan los 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial. La excepción prevista cubre los sistemas que apoyan una valoración humana basada en hechos objetivos y verificables relacionados con una actividad delictiva concreta.
El Reglamento General de Protección de Datos te permite pedir al ayuntamiento, como responsable del tratamiento, que te diga qué guarda sobre ti. También permite reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos si no responde en plazo, aunque en investigación penal la Ley Orgánica 7/2021 admite límites amplios a ese derecho.
Merece la pena dirigir la solicitud con precisión, identificando el sistema por su nombre. Y preguntar por tres puntos críticos: finalidad, plazos de conservación y cesiones a otros municipios. Son críticos porque esta plataforma incluye módulo de coordinación entre cuerpos. Esto no sustituye el consejo de un abogado, y el procedimiento concreto está descrito en la web de la propia Agencia.
Porque una vez instalado el sistema, el propio ayuntamiento declara que nadie más puede mantenerlo. Los expedientes de Basauri e Irun utilizan el negociado sin publicidad justificándolo con la propiedad del proveedor sobre el producto y con razones técnicas que impiden encomendar el trabajo a otra empresa.
Esa fórmula es legal y está prevista en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para casos de exclusividad técnica acreditada. Lo que llama la atención es la frecuencia con que aparece en este sector concreto. La exclusividad tiene su origen en la decisión de compra, sin que exista patente alguna de por medio. Junto al programa, el municipio adquirió la imposibilidad de cambiar de proveedor sin empezar de cero.
Los importes documentados varían mucho según el tamaño del municipio y los módulos contratados. Alicante adjudicó su plataforma de gestión integral por 385.280 euros con IVA en 2022, mientras que el mantenimiento anual de Zarautz se contrató por 2.905,12 euros sin IVA.
Traducido a coste por habitante, la horquilla va de unos trece céntimos por vecino y año en mantenimiento hasta algo más de un euro por vecino en implantación inicial. Son cifras que no llegan a discutirse en un pleno municipal, porque quedan muy por debajo del umbral que dispara el debate presupuestario. Aun así, fijan qué se registra sobre cada vecino durante los siguientes quince años.
Hay una investigación periodística de 2021, de El Salto, y una mención específica en el informe Automating Society de AlgorithmWatch el mismo año. Lo que no existe es una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos ni de ningún organismo autonómico sobre este sistema en concreto, ni cobertura publicada después de 2021.
Esa cobertura de 2021 documentó más de 100 contratos y describió el abandono del módulo predictivo en Rivas Vaciamadrid. Es anterior al Reglamento europeo de IA, a NexGen IA y a Assistant IA, así que no dice nada sobre lo que la empresa ha añadido desde entonces. Palantir y Axon generan titulares, informes de organizaciones de derechos civiles y preguntas parlamentarias de forma recurrente. Una plataforma con penetración similar en la administración local española no recibe ese mismo nivel de atención constante. La falta de escrutinio reciente no prueba que no haya nada que examinar; significa que nadie lo ha vuelto a comprobar desde entonces.
Sí. En 2020, un juzgado anuló un contrato de 512.000 euros en Castellón, y un concejal declaró después que el pliego parecía diseñado para favorecer siempre a la misma empresa. En 2018, EuroCop recurrió su exclusión de un concurso de la Diputación de Alicante por precio anormalmente bajo, y perdió el recurso.
Ninguno de los dos casos implica una condena penal contra la empresa. El de Castellón es una anulación contractual con una declaración pública de un concejal, no una sentencia sobre EuroCop, y el de Alicante es un recurso administrativo perdido, no una investigación de corrupción sobre la propia empresa. El contexto sí importa: mientras se resolvía el litigio de Alicante estalló el Caso Enredadera, que apartó del mercado a Gespol, la principal competidora de EuroCop en varias comunidades. Ambos episodios están documentados en la investigación de El Salto de 2021; no son hallazgos que yo haya verificado de primera mano contra el documento judicial original.