PALANTIR
Declaración propia de intenciones:
A medida que cumplo años, más me doy cuenta de la importancia de la sociedad, de sus derechos y de sus libertades. No es que me considere un puro libertario anarquista, ni mucho menos, pero sí un tecnólogo autodidacta preocupado por la falta de conocimiento general en áreas de suma importancia.Sin querer parecer conspiranoico, el objetivo de este artículo es exponer los usos de la tecnología en detrimento de nuestra libertad, los cuales permiten a los entes de control —entre los que se encuentran, por supuesto, nuestros gobiernos— ejercer una mayor asfixia sobre nosotros, dirigiendo nuestro sino como si de un rebaño de ovejas se tratara.
John Fernández
Futurista | Rompiendo las barreras tecnológicas
Palantir Gotham y la vigilancia estatal
Hay una capa de software que ya está instalada en la inteligencia militar española, en la policía de tres estados alemanes, en el servicio sanitario británico y en la cadena de deportaciones de Estados Unidos. Se llama Palantir Gotham. Su funcionamiento exacto sobre los datos que el Estado ya guarda de cada uno de nosotros permanece sin publicar en ninguno de esos países. La vigilancia moderna se parece bastante poco a un agente escuchando un teléfono, como ya vimos al analizar el futuro de la privacidad.
La tesis de esta guía es sencilla de enunciar y difícil de digerir. Los gobiernos han comprado una capa de decisión que une datos que la ley mantenía separados, y la han comprado años antes de que exista una norma exigible sobre cómo usarla. En Europa, esa norma llega el 2 de diciembre de 2027, cuando el Reglamento de IA active las obligaciones de alto riesgo tras el aplazamiento aprobado este junio. El contrato español de Defensa se firmó en octubre de 2023. Son 1.515 días de ventaja para la herramienta.
Aquí trabajo con contratos públicos fechados, con una sentencia constitucional alemana de 2023 y con una pregunta que me parece la única importante, la de quién audita la capa que decide a quién se mira.
El nombre viene de Tolkien. Los palantíri son las piedras videntes que permiten mirar lo lejano, y la empresa eligió para su producto de policía e inteligencia el de la ciudad de Batman. Nadie les acusará de disimular.
Qué compra un Estado cuando compra Palantir Gotham
Gotham funciona como una capa de integración. Toma sistemas que llevaban décadas sin hablarse entre sí y los convierte en un modelo único de personas, lugares, vehículos, documentos y sucesos. Conviene decir qué no es, porque la confusión con un almacén de datos o con un buscador corporativo aparece en casi todas las coberturas.
La ontología es el producto
El componente central se llama ontología, palabra que en filosofía significa otra cosa y que aquí conviene tomar en su sentido informático, más modesto. La documentación comercial de la empresa, publicada en el marco de compras públicas británico G-Cloud, lo describe con claridad. En vez de filas y columnas rígidas, la plataforma convierte datos estructurados y sueltos en objetos con propiedades. Cada objeto representa un concepto real y llega con las relaciones que lo conectan al resto.
Traducido a un ejemplo cotidiano, una matrícula deja de ser una cadena de texto en un fichero de tráfico. Pasa a ser un objeto vinculado a un propietario, a una dirección, a tres denuncias y a una cámara que la leyó el martes por la tarde. El analista deja de recorrer siete sistemas y pasa a leer un mapa, con las relaciones ya dibujadas y clicables.
Ese mapa es adaptable. Cada organización moldea su ontología según sus necesidades, y por eso el mismo producto aparece bautizado como hessenDATA en Hesse, VeRA en Baviera y DAR en Renania del Norte-Westfalia, tres siglas distintas para un núcleo común.
La segunda pieza importante son los controles. Palantir insiste, con razón, en que su arquitectura incluye permisos por rol, por clasificación de la información y por finalidad declarada, y en que toda interacción de usuarios y administradores queda registrada en logs de auditoría que pueden configurarse para detectar manipulaciones. Ese registro es la pieza sobre la que gira el contraargumento de la empresa.
Gotham, Foundry y AIP resuelven cosas distintas
Conviene no mezclar los nombres, porque la prensa los usa como sinónimos y no lo son.
Gotham es la plataforma para defensa e inteligencia, orientada a la investigación operativa.
Foundry es la versión para organizaciones grandes, incluidas empresas privadas y sistemas sanitarios, y con frecuencia funciona como capa base sobre la que se despliega Gotham.
AIP es la plataforma que incorpora modelos de lenguaje al conjunto, con trazabilidad y enmascarado de datos. La británica Federated Data Platform del NHS, por ejemplo, corre sobre Foundry.
La distinción importa para el debate público español. Cuando el Ministerio de Defensa compró Gotham, compró la pieza diseñada para inteligencia militar. Cuando el NHS compró Foundry, compró la pieza diseñada para integrar hospitales. Meterlo todo en el mismo saco facilita el titular y estropea el análisis, sobre todo cuando se discute qué datos concretos toca cada plataforma.
Del 11-S al expediente migratorio, veinte años de la misma pieza
La empresa nació en 2003 con dinero de Peter Thiel y de In-Q-Tel, el fondo de capital riesgo vinculado a la CIA. Su argumento fundacional apelaba a un fallo concreto: los datos que habrían permitido anticipar el 11-S existían, repartidos en agencias que no compartían nada. El prototipo, cuentan las crónicas de la época, salió de la experiencia antifraude de PayPal.
Ese argumento sostiene todo lo que vino después, y hay que reconocer que no es una excusa retórica. La fragmentación de la información sí fue un problema real y documentado.
El salto operativo llegó con las agencias migratorias. Palantir gestiona desde 2014 el sistema de casos de investigación de ICE, la agencia federal estadounidense de inmigración y aduanas. En abril de 2025 el contrato se amplió con 30 millones de dólares para construir ImmigrationOS. Esa capa promete visibilidad casi en tiempo real de todo el ciclo migratorio, desde la identificación hasta la expulsión. La ACLU calcula que el acuerdo original ha escalado por encima de los 145 millones. El prototipo se entregó en septiembre de 2025 y el contrato corre hasta septiembre de 2027.
Un detalle de ese expediente merece atención por lo que anticipa. Un documento de financiación del sistema de casos, citado por The Intercept, admite que los ciudadanos estadounidenses también figuran en él, porque también pueden ser objeto de persecución penal. La base nunca se limitó a extranjeros, aunque así se haya contado casi siempre en la cobertura europea del asunto.
Otra pieza, la plataforma ELITE, aparece descrita en una carta remitida al Congreso estadounidense en enero de 2026 por el despacho del congresista Menéndez y en una investigación de 404 Media sobre su manual de usuario. Cruza datos del departamento de Salud y de otros registros para pintar objetivos sobre un mapa, con nombre, foto, fecha de nacimiento y una puntuación de confianza sobre la dirección. Los agentes la usan además para localizar zonas con muchos detenibles potenciales. La carta al Congreso cifra en unos 900 millones de dólares lo ingresado por la empresa desde la llegada de Trump al poder.
Trasladado a España, el detalle relevante es de procedimiento. Todas esas herramientas se vendieron con la misma etiqueta, la de integrar datos que las agencias ya poseían legalmente. La capacidad nueva nace de unirlos, porque cada fuente por separado ya estaba autorizada. Ese es el argumento que un ministerio puede repetir con la conciencia tranquila, y también el que hace imposible el debate, porque nunca hay un momento en el que alguien decida vigilar más.
Alemania puso el único freno judicial serio
La sentencia que más ha marcado este debate en Europa lleva fecha del 16 de febrero de 2023 y viene del Tribunal Constitucional Federal alemán. El artículo 25a de la ley de seguridad de Hesse resultó incompatible con el derecho a la autodeterminación informativa en su aplicación preventiva, según el fallo de Karlsruhe.
Los detalles del caso explican bien la escala. Hesse implantó hessenDATA en 2017 y 2018 sobre Gotham. En el momento del juicio, más de 2.000 policías trabajaban con el sistema y realizaban alrededor de 14.000 consultas anuales, cada uno con acceso limitado a su ámbito. El tribunal mantiene la tecnología en pie con una condición dura: la ley debe precisar de qué fuentes y con qué finalidad mina información la policía, y con qué volumen.
Ese estándar sigue siendo el único de su clase en Europa.
El Chaos Computer Club volvió a comparecer ante el mismo tribunal en 2026, esta vez contra la versión reformada de la ley hessiana, con dos objeciones principales: el uso de procedimientos de «IA» sin definir y la dependencia de un software opaco.
Al otro lado del Estado alemán la película es distinta. El vicealmirante Thomas Daum, jefe del mando de ciberespacio del Bundeswehr, descartaba en abril de 2026 una adopción militar con una frase seca recogida por Handelsblatt. Así que la policía de tres Länder trabaja con el producto mientras las fuerzas armadas federales lo mantienen fuera, una incoherencia que en Berlín nadie parece tener prisa por resolver.
Para la tesis de esta guía, la sentencia alemana aporta la pieza que falta en el resto de Europa. Un tribunal ha situado el problema en la base legal que autoriza el software, y ha exigido que esa base esté acotada y escrita antes del despliegue.
En España el contrato que importa vence en noviembre
Octubre de 2023.
El Ministerio de Defensa adjudica a Palantir 16,54 millones de euros, 20 más bien con IVA, para fusión y análisis de inteligencia dentro del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Procedimiento negociado sin publicidad, tres años de duración, un único participante. Antes hubo una prueba de concepto de 256.200 euros.
Un único licitador. Newtral tuvo que acudir al Consejo de Transparencia para arrancar detalles, y lo que obtuvo fue escaso: el ministerio se amparó en la seguridad nacional y en la protección de los intereses comerciales de la empresa. Sabemos que el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información emitió informe favorable y que en la prueba participaron analistas militares, personal técnico del ministerio e ingenieros de la compañía. Del resto del expediente apenas trascendió nada.
El giro llegó este julio. Según adelantó El Confidencial, Moncloa ha empezado a pedir a las empresas públicas que no firmen nuevos contratos con Palantir. La indicación afecta a compañías del perímetro de la SEPI, el holding público que agrupa las participaciones industriales del Estado. Entre ellas figuran Telefónica, Indra, Correos y Navantia. La orden ya se habría llevado por delante un acuerdo con la Guardia Civil. Todo circula como instrucción interna trasladada a consejos de administración, sin comunicado oficial ni nota de prensa. Un veto que no se firma tampoco se puede recurrir, ni cumplir, ni incumplir.
Y sin embargo el contrato de Defensa sigue vivo, caduca en noviembre de 2026 y, siempre según la misma información, la cúpula militar presiona para renovarlo con un argumento incómodo de rebatir: no hay alternativa comparable en el mercado.
Digámoslo sin rodeos: el veto, tal y como está contado, es teatro. Una instrucción verbal que no consta en ningún sitio no vincula a nadie, no se puede recurrir y se deshace con una llamada. Y el argumento del Estado Mayor es cierto y a la vez interesado, porque quien lleva tres años trabajando con una herramienta rara vez encuentra atractivo el año de travesía que supone cambiarla.
Noviembre lo aclarará. Si el contrato se renueva en silencio, el veto habrá sido señalización diplomática hacia Washington. Si se deja caer sin sustituto, las Fuerzas Armadas pierden una capacidad que sus mandos consideran insustituible y nadie habrá explicado por qué.
Mientras tanto, el 22 de junio de 2026, el mando aliado en Europa certificó que el Maven Smart System de Palantir alcanzaba plena capacidad operativa técnica en la OTAN, operando ya sobre redes clasificadas de la Alianza. España, como socio, dio el visto bueno a esa decisión mientras vetaba a la empresa puertas adentro. La tensión encaja con lo que ya describí sobre IA y seguridad nacional.
Un mapa europeo desigual
La foto de julio de 2026 muestra seis posturas distintas ante el mismo proveedor, cinco estados y una alianza militar. Esta tabla resume la situación con la información pública disponible.
| País | Despliegue principal | Situación en julio de 2026 | Señal dominante |
|---|---|---|---|
| España | Gotham en inteligencia de las Fuerzas Armadas, 16,54 M€ desde 2023 | Contrato vence en noviembre de 2026; veto informal a nuevos contratos en empresas públicas | Ambivalencia |
| Alemania | hessenDATA, VeRA y DAR en policía de tres Länder | Base legal anulada en 2023 y reformada; nuevo litigio constitucional en curso | Freno judicial |
| Reino Unido | Federated Data Platform del NHS, hasta 480 M£, más Defensa por 240 M£ | Comisión parlamentaria pide romper en la cláusula de salida de febrero de 2027 (Computer Weekly, 9 de julio de 2026) | Ruptura en debate |
| Francia | Software en la DGSI desde 2016 | Renovado en diciembre de 2025, con plan de sustitución por ArgonOS de ChapsVision | Salida planificada |
| Dinamarca | Plataformas de análisis y vigilancia, contrato a siete años | Buscando alternativas locales | Retirada lenta |
| OTAN | Maven Smart System, adjudicado en marzo de 2025 | Capacidad plena certificada el 22 de junio de 2026 | Consolidación |
Ninguna de esas administraciones ha desconectado nada todavía; todas siguen en fase de anuncio.
Y solo Francia ha puesto dinero y calendario encima de la mesa: el primer ministro Sébastien Lecornu anunció un plan de 655 millones de euros hasta 2030 para reforzar la soberanía tecnológica del Estado, según publicó Escudo Digital el 10 de julio de 2026.
Falta en el cuadro el país que hizo lo más sensato, que es Suiza. Ha rechazado ofertas de la empresa al menos nueve veces por motivos de seguridad, según recopiló Euronews en junio. Nueve negativas suenan a obstinación burocrática hasta que uno compara el coste de rechazar con el de rescindir un contrato ya integrado en los flujos de trabajo.
Cinco gobiernos han descubierto el problema de dependencia después de haber firmado, y ahora negocian la salida desde dentro del sistema que compraron.
Europol, por cierto, ya pasó por ahí: usó el software durante años y dejó caducar la licencia en 2021, con documentos internos que se quejaban de la calidad del producto recibido.
Ahora el argumento contrario
Si solo cuento el lado crítico, esto se convierte en un panfleto y deja de servir para decidir nada. El mejor argumento a favor de Palantir existe, es técnico y merece enunciarse en su versión fuerte.
Antes de estas plataformas, un investigador que necesitaba cruzar tres bases de datos pedía exportaciones en Excel y se las llevaba a su ordenador. No había control de finalidad, no había registro de quién miró qué, y el rastro de la consulta moría en un correo electrónico. La integración con permisos granulares y logs inmutables sustituye ese caos por algo auditable. En la práctica, se puede saber quién consultó el expediente de una persona, cuándo y con qué justificación.
Le doy por buena esa descripción técnica. Los controles por rol, clasificación y finalidad existen, están documentados y son mejores que el sistema anterior de copias descontroladas. También doy por bueno que la empresa no es propietaria de los datos de sus clientes, y que el contrato del NHS prohíbe expresamente comercializar información de pacientes, incluso anonimizada.
La compañía ha desmentido de forma reiterada y explícita que esté construyendo una base de datos maestra federal. También niega facilitar vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Lo ha dicho en respuesta al New York Times, a la carta de Wyden y Ocasio-Cortez y al informe de la EFF de enero de 2026. Sostiene además que apoya una reforma de la Privacy Act.
Hay incluso un argumento de eficacia que suele quedar fuera. Tom Bartlett, ex responsable de ingeniería de datos del NHS inglés, lo ha defendido en Computer Weekly. Sostiene que la comisión parlamentaria pidió romper el contrato sin explorar si hay alternativa viable antes de la cláusula de salida. Añade que la plataforma es la única infraestructura del sistema capaz de sostener despliegues clínicos de IA a escala. Su objeción está en el expediente y pesa, aunque conviene saber que Bartlett dirigió el despliegue del que habla, lo cual no la invalida pero sí explica su vehemencia.
Mi discrepancia se sitúa en un punto concreto, y solo en uno. Un log de auditoría vale exactamente lo que valga quien lo lee. En España no consta públicamente qué órgano revisa los registros de acceso del sistema de inteligencia militar, con qué periodicidad ni con qué facultad para sancionar. La empresa ofrece la capacidad de auditar. El comprador decide si la usa, y el ciudadano no tiene forma de comprobarlo.
Y hay un segundo problema, más incómodo de admitir para quien defiende el producto. La auditoría solo detecta el acceso indebido de un funcionario concreto. No detecta nada cuando el uso masivo está autorizado y es la autorización misma la que resulta desproporcionada, que es exactamente lo que Karlsruhe declaró inconstitucional en Hesse.
Once céntimos por habitante y año
Esta parte no está en ninguna de mis fuentes, así que la he calculado yo. Es un cruce propio y orientativo entre cifras que miden cosas distintas.
Cómo he hecho el cálculo
Tomo el contrato español de Defensa, 16,54 millones de euros a tres años. Lo divido entre la población residente en España a 1 de abril de 2026 según el INE, 49.687.120 personas. El resultado es 0,33 euros por habitante en total, es decir, 11 céntimos por habitante y año.
Once céntimos. Integrar la inteligencia militar de un país de cincuenta millones de habitantes cuesta menos que un café por persona y década, y por ese precio el control presupuestario deja de funcionar. Ninguna partida tan pequeña llega al debate de totales, ningún grupo parlamentario la enmienda, y la prensa económica no cubre adjudicaciones de dieciséis millones salvo que haya escándalo.
Con la misma advertencia, un segundo cruce. Palantir elevó en mayo su previsión de ingresos para 2026 hasta la horquilla de 7.650 a 7.662 millones de dólares. Usando el punto medio, la empresa factura unos 21 millones de dólares diarios. El contrato español completo, convertido al tipo de referencia del BCE del 16 de julio de 2026, equivale a menos de un día de esa facturación proyectada. Veintiuna horas y media, para ser exactos.
He verificado la aritmética con un script aparte en Python. Y repito la limitación: la previsión es global y consolidada, el contrato español es local y trienal, y compararlos solo sirve para ver la asimetría de escala entre el proveedor y el cliente.
La brecha entre el despliegue y la norma exigible
El Reglamento europeo de IA aplaza al 2 de diciembre de 2027 las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del Anexo III, categoría que incluye migración, fronteras, fuerzas de seguridad y justicia. El acuerdo político se cerró el 7 de mayo de 2026 y el Parlamento y el Consejo lo ratificaron en junio.
Entre la firma del contrato español, en octubre de 2023, y esa fecha median 1.515 días. Cuatro años y dos meses de despliegue con la norma futura mirando desde la grada. Desde la certificación plena del sistema de la OTAN, el 22 de junio pasado, quedan 528 días. Desde la fecha de publicación de este artículo, 494.
Ninguna de esas cifras aparece calculada en las fuentes que he consultado, que citan las fechas por separado sin ponerlas en la misma frase. Puestas juntas describen una secuencia. La capacidad se instala primero y la regla llega después, y quien llega después negocia desde una posición más débil, porque ya hay sistemas en producción y personal formado.
Vigilancia con Palantir Gotham, vista desde el ciudadano corriente
Hay tres efectos concretos sobre personas concretas, pero solo uno de ellos es medible, al menos desde lo que yo alcanzo a medir.
Empecemos por el derecho de acceso. El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 7/2021, que regula el tratamiento de datos con fines penales, reconocen el derecho a saber qué información tiene la administración sobre uno. Ese derecho admite límites amplios en seguridad nacional e investigación penal. Una persona incluida como nodo secundario en un grafo de inteligencia difícilmente sabrá que lo está. No soy abogado y esto no es asesoramiento jurídico, pero la asimetría es evidente sin necesidad de serlo.
Viene después la inferencia por asociación, el reverso de lo que llamo soberanía digital del individuo. En un modelo de objetos y relaciones, aparecer conectado a alguien relevante genera información sobre uno mismo. El alquiler compartido de hace ocho años, la matrícula de un coche prestado, un número guardado en una agenda. Cada uno de esos rastros es cierto por separado, ninguno describe a la persona, y todos proceden de terceros que nunca pidieron permiso.
El sesgo de automatización ya tiene cifras en España
El sistema VioGén evalúa desde 2007 el riesgo de las víctimas de violencia de género mediante un algoritmo de indicadores. La auditoría externa de la Fundación Éticas, publicada en 2022, encontró que la valoración de riesgo permanece inalterada en el 95% de los casos, lo que sugiere que los agentes rara vez modifican la calificación que propone el sistema. La misma auditoría señaló rigidez en los formularios y dificultad para reflejar la violencia psicológica. Interior presentó en enero de 2025 una versión revisada, VioGén 2, con nuevos indicadores y mejor calibración.
Ese 95% es la cifra que conviene retener cuando alguien invoque la garantía del «humano en el bucle». La supervisión humana existe sobre el papel en casi todos los sistemas de este tipo. Cuando se mide, resulta que el humano casi siempre firma lo que propone la máquina. Ocurre porque discrepar de un sistema exige tiempo, criterio propio y, sobre todo, respaldo institucional para asumir el error si te equivocas contra el algoritmo.
Traslade el lector ese hallazgo a una plataforma de inteligencia con miles de usuarios y verá por qué insisto tanto en los registros de auditoría, que parecen un asunto de fontanería y deciden el resto.
Límites de esta investigación
No he podido verificar qué módulos de Gotham están efectivamente desplegados en el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas ni con qué fuentes de datos se alimentan. El Ministerio de Defensa restringió esa información al responder a Newtral amparándose en la seguridad nacional, y no existe documentación pública posterior que lo aclare.
Todo lo que digo sobre el caso español se apoya en el objeto del contrato y en fuentes periodísticas, con la documentación técnica fuera de mi alcance.
El veto de Moncloa a nuevos contratos procede de información periodística sobre indicaciones internas no escritas, adelantada por El Confidencial y recogida después por varios medios. No hay comunicado oficial, no he visto ningún documento y el Gobierno no lo ha confirmado públicamente. Lo trato como lo que es, un hecho reportado y plausible, pendiente de confirmación documental.
Tampoco existe para España una serie equivalente al recuento británico. En Reino Unido, una investigación de The Nerve publicada en enero de 2026 identificó al menos 34 contratos estatales pasados y presentes por un valor mínimo de 670 millones de libras. Para España no he encontrado ningún recuento consolidado de contratación pública con la empresa, ni en portales de transparencia ni en trabajos académicos, lo que impide comparar exposición real entre ambos países.
Y una cuarta, menor: las cifras alemanas de uso, 2.000 agentes y 14.000 consultas anuales, salen del proceso judicial de 2023 y a estas alturas se habrán quedado cortas, aunque no he encontrado ninguna actualización oficial.
Cinco años vistos desde julio de 2026
Cualquiera puede dibujar un futuro distópico y quedarse tan ancho, así que voy a mojarme con condiciones que se puedan comprobar dentro de un año, al modo de la prospectiva aplicada que practico aquí.
Lo más probable, con diferencia, es que no pase nada. La OTAN ha estandarizado, los ejércitos nacionales se acoplan, España renueva en noviembre sin nota de prensa y en marzo ya nadie se acuerda. A este escenario le basta con el silencio administrativo de agosto. Si en diciembre no ha habido una sola pregunta parlamentaria sobre la renovación, ya estamos dentro.
Después está la vía francesa, que es la única con dinero detrás. ArgonOS, 655 millones, calendario hasta 2030. La comprobaré con un criterio sencillo: si antes de que acabe 2027 aparece un segundo país europeo con presupuesto aprobado y fechas públicas, la sustitución soberana existe. Si solo aparecen declaraciones, no existe. Y aviso de dónde va a atascarse, porque no será el software. Será encontrar y retener a los ingenieros que sepan operar el sustituto, que es un problema de nóminas públicas y de convenios más que de ingeniería.
Queda la posibilidad de que diciembre de 2027 llegue en serio, con evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, registro europeo e inspección de verdad. Depende de que la AESIA, la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, tenga para entonces personal capaz de auditar sistemas clasificados. Ahí soy pesimista, y me gustaría equivocarme.
La ruptura por escándalo, o por una crisis de riesgo geopolítico entre Washington y Bruselas, la veo poco probable y muy cara. Desconectar sin sustituto deja a las agencias peor que antes de empezar.
Vuelvo a la tesis del principio. Que la capacidad llegara antes que la norma en ocho países a la vez tiene poco de casualidad de calendario. Hubo decisiones, tomadas por gobiernos que sabían el orden en que iban a suceder las cosas y prefirieron tener la herramienta mientras nadie preguntaba.
Pedir cuentas sin ser experto
Se puede ejercer el derecho de acceso ante la Agencia Española de Protección de Datos frente a administraciones concretas, sabiendo que en materia de seguridad e inteligencia la respuesta será limitada. Se puede consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde figuran adjudicaciones e importes, incluso cuando el pliego técnico esté restringido. Y se puede pedir a un grupo parlamentario que registre preguntas escritas concretas, que es el mecanismo que ha destapado la mayoría de lo que hoy sabemos en Alemania y Reino Unido.
Desde 2023 sabemos que el Gobierno usa Palantir, de modo que la pregunta útil se ha desplazado. Ahora toca averiguar quién lee los registros de auditoría, cada cuánto y qué pasa cuando encuentra algo raro. Esa pregunta admite respuesta con nombre, cargo y periodicidad, y nadie la ha hecho todavía en el Congreso.
Por el momento y a fecha de hoy (26/07/2026) los únicos contratos existentes que he podido encontrar en investigación son los siguientes :
En la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) constan dos adjudicaciones públicas concedidas a la filial española Palantir Technologies Spain, S.L.. Ambas proceden del Ministerio de Defensa (Estado Mayor de la Defensa) y se tramitaron mediante el procedimiento de negociado sin publicidad.
Resumen de Licitaciones Registradas
| Expediente | Objeto del Contrato | Órgano Adjudicador | Procedimiento | Importe (sin IVA) | Importe (con IVA) | Adjudicación |
| 2022/SP02002001/002246E | Prueba de concepto para solución de fusión y análisis de Inteligencia (SIFAS) | Estado Mayor de la Defensa (EMAD) | Negociado sin publicidad | 256.200 € | 310.002 € | Nov. 2022 |
| 2023/SP02002001/00001311E | Solución de fusión y análisis de inteligencia para el SIFAS (Palantir Gotham) | Estado Mayor de la Defensa (EMAD) | Negociado sin publicidad | 16.528.925,62 € | 20.000.000 € | Oct. 2023 |
Detalle de los Expedientes
1. Prueba de concepto preliminar (2022)
Número de expediente:
2022/SP02002001/002246EPublicación oficial: BOE núm. 295, de 9 de diciembre de 2022.
Códigos CPV:
48218000(Paquetes de software de gestión de licencias) y71356200(Asistencia técnica).Descripción: Sirvió como piloto de 6 meses para evaluar la viabilidad del software comercial de inteligencia militar en el Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFAS).
2. Despliegue principal: Palantir Gotham (2023)
Número de expediente:
2023/SP02002001/00001311EPublicación oficial: BOE núm. 271, de 13 de noviembre de 2023.
Duración: 3 años (36 meses).
Justificación del procedimiento: Se justificó la adjudicación directa mediante el artículo de «exclusividad técnica» de la Ley de Contratos del Sector Público, recibiéndose únicamente la oferta de Palantir.
Finalidad: Implantación del software de inteligencia analítica Palantir Gotham para la integración de fuentes de datos de defensa.
Respuestas Parlamentarias y Transparencia
Ante diversas preguntas escritas formuladas por grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre el alcance de estos contratos:
Uso limitado a Defensa: El Ejecutivo confirmó que estos son los dos únicos contratos formalizados por el Ministerio de Defensa con la compañía.
Protección de datos y sesgos: En las contestaciones oficiales se precisa que el sistema contratado no recopila ni procesa datos personales de ciudadanos españoles, no realiza perfilado en redes sociales ni lleva a cabo tareas de vigilancia masiva o elaboración de modelos policiales algorítmicos.
Preguntas frecuentes sobre Palantir que pueden ser de tu interés
Palantir Gotham es una plataforma de integración y análisis de datos para defensa, inteligencia, seguridad interior y gestión de emergencias. Convierte información dispersa en objetos conectados (personas, lugares, vehículos, sucesos) y permite investigar relaciones entre ellos desde una sola interfaz, con permisos por rol y registro de accesos.
Su potencia para la vigilancia nace de la unión, porque enlaza información que la administración ya poseía en sistemas incomunicados entre sí. Esa unión crea capacidad de inferencia que ninguna base de datos aislada tenía. Por eso el debate jurídico europeo se centra en la finalidad y en los límites del cruce, con la recogida de información en un plano secundario. Es lo que exigió el Tribunal Constitucional alemán en 2023, y sigue sin tener equivalente español.
Sí. Defensa compró Gotham en 2023 por algo más de dieciséis millones y medio de euros para tareas de fusión analítica militar. La adjudicación se tramitó sin concurrencia, con una única oferta, y su vigencia se agota en noviembre de 2026.
El matiz llegó en julio de 2026. Varios medios españoles informaron de instrucciones verbales de Presidencia para que las compañías públicas eviten nuevas adjudicaciones a la empresa, algo que ya habría descarrilado una operación con la Guardia Civil. Falta confirmación oficial. Conviven dos mensajes opuestos, cerrar la puerta a lo nuevo y mantener abierto lo firmado, que es justo lo que la cúpula militar quiere prorrogar.
La etiqueta viene de tres frentes: su papel en la maquinaria de deportación estadounidense, su uso militar en conflictos activos y la opacidad de sus contratos públicos. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ACLU han documentado riesgos para derechos humanos en varios de esos despliegues.
Ese titular merece un matiz, y el matiz no lo desactiva. El peligro nace de dos factores combinados, una capacidad técnica muy superior a la del comprador y un control democrático que llega tarde. Una administración competente y bien fiscalizada puede usar esta tecnología dentro de la ley. Una administración sin contrapesos puede usarla para mucho más, con el mismo software y sin cambiar una línea de código. La variable decisiva pertenece al terreno político, y ahí es donde deberíamos estar mirando en vez de discutir sobre el software.
Es legal, con condiciones. La normativa europea de protección de datos y su desarrollo español para fines penales fijan el marco, y el Reglamento de IA sitúa buena parte de estos usos en la categoría de alto riesgo. La habilitación nacional debe ser específica y detallada.
En España esa habilitación todavía no existe con ese nivel de detalle. La exigencia de concreción viene de Karlsruhe. En febrero de 2023 el Tribunal Constitucional alemán anuló la norma que amparaba hessenDATA por no delimitar fuentes, volumen ni finalidad del análisis automatizado. El tribunal mantuvo en pie la minería de datos policial y exigió al legislador acotarla con precisión. Es la referencia jurídica más sólida que existe hoy en Europa sobre esta materia. Para España el asunto queda abierto, porque ninguna norma nacional detalla con ese nivel de concreción qué puede cruzar un sistema de análisis policial ni durante cuánto tiempo. Mientras el legislador no lo escriba, la garantía descansa en criterios internos de cada cuerpo, y esos criterios no se publican.
Según la empresa, no. Sus plataformas se despliegan en la infraestructura del cliente, el titular de los datos sigue siendo la administración contratante y la compañía sostiene que no recopila ni vende información personal. El contrato del NHS británico le prohíbe cualquier uso comercial de datos de pacientes.
La objeción razonable apunta a la verificabilidad de esa arquitectura. Los pliegos militares son reservados, los contratos de inteligencia están clasificados y ningún organismo español ha publicado que revise periódicamente esas trazas. La capacidad técnica de auditar está acreditada; que alguien la ejerza sobre el caso español carece de respaldo documental. Conviene además separar dos cosas que se mezclan a diario. La empresa puede decir con verdad que no toca tus datos, y a la vez su producto puede permitir a un funcionario cruzarlos de un modo que antes resultaba imposible. La primera afirmación no cancela la segunda, y solo la segunda te afecta a ti. Añado un matiz sobre el caso británico, porque suele citarse mal: el contrato del NHS prohíbe a la empresa el uso comercial de datos de pacientes, incluso anonimizados, y esa cláusula existe y es real. Lo que el contrato no resuelve es la desconfianza sobre quién controla la infraestructura, que es justo el motivo por el que la comisión parlamentaria pidió romperlo en julio.
Gotham sirve al mundo militar y policial, con foco en la investigación operativa. Foundry cubre organizaciones civiles grandes, desde una multinacional industrial hasta un servicio de salud, y suele hacer de cimiento técnico del primero. AIP añade modelos de lenguaje con trazabilidad sobre cualquiera de los dos.
La confusión tiene consecuencias reales en el debate. La plataforma del servicio sanitario británico, la que ha provocado la petición parlamentaria de ruptura de julio de 2026, funciona sobre Foundry. El contrato español de Defensa es de Gotham. Tratarlos como el mismo producto lleva a conclusiones equivocadas sobre qué datos toca cada uno. Y hay un matiz técnico que refuerza la confusión: Foundry actúa a menudo como capa inferior de Gotham, así que un despliegue militar puede incluir ambos sin que el contrato lo detalle. La etiqueta comercial dice menos de lo que parece, y lo que importa acaba siendo qué fuentes de datos concretas quedan conectadas al sistema.
No son sistemas equivalentes. Los modelos de puntuación social y videovigilancia biométrica generalizada operan sobre poblaciones enteras y sin autorización individualizada. Las plataformas de análisis contratadas en Europa trabajan sobre datos que la administración ya posee y están sujetas al RGPD y a control judicial.
La diferencia es real, y aun así conviene no relajarse. La distancia entre ambos modelos depende del marco legal y de la capacidad real de auditarlo, porque la tecnología subyacente es en buena medida intercambiable. Un mismo motor de grafos puede servir para investigar una trama de narcotráfico con orden judicial o para cartografiar a los asistentes de una manifestación. La sentencia alemana existe precisamente porque esa frontera la fija la ley, y porque un legislador que la escribe mal deja la puerta abierta sin haber decidido abrirla.
Las obligaciones de alto riesgo del Anexo III, que cubren fuerzas de seguridad, migración, fronteras y justicia, se aplican desde el 2 de diciembre de 2027 tras el aplazamiento aprobado en junio de 2026. Los sistemas integrados en productos regulados del Anexo I tienen hasta agosto de 2028.
Ese calendario es la clave de todo este artículo. La obligación de alfabetización en IA del artículo 4 llega el 2 de agosto de 2026 sin ningún cambio, dentro de una semana. El resto del andamiaje exigible para sistemas policiales llega con más de cuatro años de retraso respecto a los despliegues ya firmados. Cuando la norma sea exigible, los sistemas llevarán media década en producción. Añado un matiz decisivo. El Reglamento excluye de su ámbito los sistemas destinados exclusivamente a fines militares y de defensa nacional. El contrato español de inteligencia militar cae, por tanto, fuera de ese paraguas, y su control corresponde a la normativa nacional de defensa y al Congreso español.
Empiezan a existir. París ha elegido ArgonOS, de la compañía gala ChapsVision, para relevar al proveedor estadounidense en su servicio de inteligencia interior, con financiación comprometida hasta el final de la década. Copenhague explora proveedores locales y Berna ha rechazado ofertas en repetidas ocasiones.
El obstáculo real está en reproducir diez años de integraciones, de analistas formados y de flujos de trabajo construidos alrededor de un producto concreto. Escribir el software es la parte fácil. Un informe parlamentario británico describe ese efecto con crudeza: formatos propietarios, APIs limitadas y consultoría cautiva. Sustituir es posible, sale caro y tarda años, así que la decisión importante se toma antes de firmar. Para España la ventana es corta: el vencimiento de noviembre obliga a elegir entre prorrogar, licitar en concurrencia real o pasar una temporada sin capacidad. Ninguna de las tres opciones se ha explicado en sede parlamentaria.